La valoración del riesgo de violencia de género como instrumento de prevención.

Hoy traigo a debate un tema que suele generar polémica entre los compañeros: La objetivación de la valoración del riesgo en los casos de violencia de género.

Me llamó mucho la atención la última Sentencia del Tribunal Supremo (julio 2018) en la que los Magistrados se pronuncian sobre la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo en la valoración de la presencia de incremento del riesgo en las víctimas con una especial atención a las denuncias que presentan.

Lógicamente ello se mezcla con aquellas víctimas que presentan denuncia y después la retiran o aquellas que presentan denuncia para conseguir otros fines.

Los Magistrados se refieren a la necesidad de un estudio profundo que elaboren las fuerzas de seguridad que conocen de la denuncia así como los institutos de medicina legal en valoración forense (exigencia ésta recogida en el protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género del Ministerio de Justicia).

Precisamente ahí radica la dificultad, en objetivar de forma “urgente” la valoración de un riesgo futuro basándose únicamente en una serie de exposiciones (a veces con prueba y otras no) que aporta la víctima.

A este respecto, la sentencia explica que este estudio en profundidad busca actuar desde el campo de la prevención para evitar la reiteración de estos hechos, alertando a la víctima del riesgo existente, y articulando instrumentos de ayuda social y económica para que así puedan entrar en ese arco de víctimas en situación de riesgo, pudiendo individualizarse las situaciones con el fin de evitar la agravación de conductas que acaben con el crimen de género.

Me gusta la Sentencia porque destaca que tanto las Administraciones, para adoptar las medidas conducentes a dar protección a las víctimas, como estas mismas para darles información y asesoramiento sobre el riesgo de una posible decisión de reanudar la convivencia, “son piezas y factores claves para potenciar la protección de las víctimas en la adopción de medidas preventivas que eviten desenlaces mortales incidiendo en la detección y valoración del riesgo que eviten episodios de reanudación de la convivencia ante casos previos de malos tratos, pudiendo evaluarse el riesgo y con información debida y necesaria a las víctimas, así como con medidas de ayuda para evitar posteriores casos de crímenes de género”.

¿Qué opináis compañeros?

¡Gracias!

 

 

La “sextorsión” o chantaje sexual: El Tribunal Supremo acuña este término para referirse al delito de abuso sexual en Internet.

Hacía mucho tiempo que no escribía ninguna entrada en el Blog, debido a que el nuevo proyecto, MILD ABOGADOS, me ha tenido completamente absorbido.

Hoy me gustaría hacer un pequeño acercamiento a la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en la que acuerda imponer la pena de 22 años y 7 meses de prisión por amenazas y por delito continuado de abuso sexual por internet, también conocido como “sextorsión” o extorsión sexual.

El condenado fue un hombre que chantajeó por Internet a cinco mujeres para que realizaran prácticas sexuales ante él con una cámara web tras haber accedido el condenado previamente a archivos personales comprometedores de las víctimas mediante un virus informático.

La Sala expone detalladamente como el condenado disponía de un programa informático que permitía acceder a otros ordenadores y su contenido y apoderarse de archivos personales de las víctimas, utilizando esa información comprometedora como instrumento para el chantaje para conseguir sus fines sexuales.

Como las víctimas se veían obligadas a exhibirse ante el condenado por cámara web, accediendo así a las pretensiones del chantajista, la Sala Penal del Tribunal Supremo entiende que la comisión del delito de abuso sexual de carácter virtual o por Internet no exige de un específico contacto sexual sino que es suficiente un acto encaminado a atentar contra la libertad sexual de la víctima de forma que la mera advertencia de difundir archivos íntimos supone en sí mismo un elemento para generar miedo a un gran perjuicio personal y de imagen.

Es llamativa esta Sentencia porque la Sala empieza a utilizar el término “sextorsión” por el creciente número de casos de abusos sexuales por Internet sin consentimiento de la víctima y con el empleo de la extorsión de divulgar información privada de la víctima (vídeos, imágenes o información confidencial).

También resulta chocante que la Sala deja expresa constancia de que muchas víctimas tienen vergüenza de denunciar los hechos pero que ello constituye un mayor perjuicio para ellas pues se ven en “manos” del abusador estando a su merced sin límite de tiempo y con una eterna incertidumbre que solo puede acabar con la denuncia e investigación de los hechos por las Brigadas de Investigación Tecnológica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Bravo por nuestro Alto Tribunal, es una sentencia brillante que además permite interpretar la norma conforme a una realidad social cómo es esta clase de tecnología y esta clase de delitos.

 

 

Inactividad del Juzgado y abuso del artículo 324.2 LECrim.

Desde la reforma de la LECrim. operada por la Ley 41/2015, el plazo general de duración de la instrucción es de seis meses, que se puede prorrogar hasta los 18 meses cuando la instrucción es declarada compleja.

El artículo 324.2 LECrim. establece unas causas tasadas para justificar la prórroga tales como numerosos investigados o perjudicados, necesidad de informes periciales, necesidad de comisiones rogatorias o delitos de terrorismo. En general, causas razonables por las que prolongar una instrucción.

Sin embargo ya en varias ocasiones (no solo a mí, también a otros compañeros) nos viene ocurriendo que el Juzgado acuerda incoar Diligencias Previas, deja la causa “dormida” durante cuatro o cinco meses y después acuerda una serie de diligencias de investigación que vienen acompañadas de un informe del Ministerio Fiscal solicitando la prórroga de la instrucción.

¿Por qué motivo se solicita la prórroga cuando la causa no adolece de causa de complejidad? Y más aún ¿por qué hay que prorrogar la causa si durante los cinco primeros meses desde la incoación no se ha hecho nada?

Juzgado y Ministerio Fiscal no deben olvidar que la reforma introducida por la Ley 41/2015 pretende agilizar el procedimiento instructor y desde luego no se constituye como una herramienta para dilatar indebidamente las causas.

No olvidemos que este tipo de dilaciones perjudica al inocente, que se encuentra en sede de investigación y en muchas ocasiones condenado por la pena de banquillo (en términos de prensa) y en cambio beneficia únicamente al delincuente que se acoge a una reducción de condena por dilaciones indebidas.

Respetemos las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición y démosle el tratamiento adecuado para hacer una justicia mejor. Si la Justicia no tiene medios debemos denunciar este hecho para que el Ministerio otorgue más medios, pero no podemos esconder este hecho mediante la utilización indebida de medios que no favorecen al sistema judicial, a la profesión ni a los ciudadanos.

La competencia del Tribunal del Jurado en materia de conexión de delitos

El acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2017 ha fijado su postura respecto a la incidencia en el procedimiento de la Ley del Jurado de las nuevas reglas de conexión del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala ha adoptado los siguientes criterios:

1.- De los delitos que se enumeran en el art 1.2 de la ley reguladora, siempre y sólo conocerá el Tribunal del Jurado. Si se ha de conocer de varios delitos que todos sean competencia del Tribunal del Jurado, como regla general se seguirá un procedimiento para cada uno de ellos sin acumulación de causas. Será excepción la prevista en el nuevo art 17 de la Ley de enjuiciamiento criminal: serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.

2.- También conocerá de las causas que pudieran seguirse por otros delitos cuya competencia no le esté en principio atribuida en los casos en que resulte ineludiblemente impuesta la acumulación pero que sean conexos.

3.- La procedencia de tal acumulación derivará de la necesidad de evitar la ruptura de la continencia de la causa. Se entiende que no existe tal ruptura si es posible que respecto de alguno o algunos de los delitos pueda recaer sentencia de fallo condenatorio o absolutorio y respecto de otro u otros pueda recaer otra sentencia de sentido diferente.

4.- Existirá conexión determinante de la acumulación en los supuestos del art 5 de la LOTJ.

5.- Que en el supuesto del art 5.2 a, se entenderá que también concurre la conexión conforme al actual art 17.6º cuando se trate de delitos cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos Cuando se atribuyan a una sola persona varios hechos delictivos cometidos simultáneamente en unidad temporo-espacial y uno de ellos sea competencia del Tribunal del Jurado, se considerarán delitos conexos por analogía con lo dispuesto en el artículo 5.2.a) de la LOTJ, por lo que, si deben enjuiciarse en un único procedimiento, el Tribunal del Jurado mantendrá su competencia sobre el conjunto.

6.- En los casos de relación funcional entre dos delitos (para perpetrar, facilitar ejecución o procurar impunidad) si uno de ellos es competencia del Tribunal del Jurado y otro no, conforme al artículo. 5.2.c) de la Ley del Tribunal del Jurado, se estimará que existe conexión conociendo el Tribunal del Jurado de los delitos conexos.

7.- No obstante en tales supuesto de conexión por relación funcional, la acumulación debe subordinarse a un estricta interpretación del requisito de evitación de la ruptura de la continencia, especialmente cuando el delito atribuido al Jurado es de escasa gravedad y el que no es en principio de su competencia resulta notoriamente más grave o de los excluidos de su competencia precisamente por la naturaleza del delito

8.- Tampoco conocerá el Tribunal del Jurado del delito de prevaricación aunque resulte conexo a otro competencia de aquél. Pero sí podrá conocer, de mediar tal conexión, del delito de homicidio no consumado.

9.- Cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos será competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento. Asimismo, cuando diversas acciones y omisiones constituyan un delito continuado será competente el Tribunal del Jurado si éste fuere de los atribuidos a su conocimiento.

10.- A los efectos del art 17.2.3 de la ley de enjuiciamiento criminal se considerarán conexos los diversos delitos atribuidos a la misma persona en los que concurra, además de analogía entre ellos, una relación temporal y espacial determinante de la ineludible necesidad de su investigación y prueba en conjunto, aunque la competencia objetiva venga atribuida a órganos diferentes. En tales casos, si de uno de los delitos debiera conocer el Tribunal del Jurado, se estará a lo establecido en el apartado 5 párrafo segundo de este acuerdo.

En esos términos se ha pronunciado la Sala para regular las nuevas reglas de conexión introducidas por el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resolviendo así el vacío interpretativo que había hasta ahora.

Fuente: Acuerdo Pleno Sala II procedimientos con jurado obtenido del CGPJ (archivo PDF).

Secreto de empresa y secreto industrial. Incidencia del delito de revelación de secretos 

Es el Tribunal Supremo el que nos ayuda a encontrar los cuatro puntos cardinales, en su sentencia de 12 de mayo de 2008, en la que establece que el concepto de “Secreto de empresa” debe tratarse como un concepto lábil, dinámico, no consteñible en un “numerus clausus”. Así mismo, la Sentencia afirma que debemos considerar los “Secretos de Empresa” como los propios de la actividad empresarial que puedan afectar a su capacidad competitiva.

Las cuatro notas características de la revelación de los “Secretos de Empresa”, bajo el prisma del Tribunal Supremo son (1) la confidencialidad, (2) la exclusividad, (3) el valor económico y (4) la licitud. ¿En qué se fundamenta? Su fundamento radica en la lealtad que deben guardar quienes conozcan el Secreto, por su relación legal o contractual con la empresa, ya que el bien específicamente tutelado consistirá en la competencia leal entre las empresas.

Y su contenido suele entenderse integrado, por los secretos de naturaleza técnico industrial (objeto o giro de empresa); los de orden comercial (como clientela, o marketing) y los organizativos (como las cuestiones laborales, de funcionamiento y planes de la empresa).
Su materialización puede producirse en todo género de soporte, tanto papel como electrónico, y tanto en original como copia, y aún por comunicación verbal. Y cabe incluir tanto cifras, como listados, partidas contables, organigramas, planos, memorandums internos, etc.
¿Son los datos individuales de cada cliente secretos? Esta pregunta la vuelve a “resolver” el Tribunal Supremo, estableciendo que los datos individuales de cada cliente no son secretos sino para el propio interesado; pero sí han de considerarse tales, las listas de todos ellos que tienen las empresas para el buen desarrollo de sus actividades comerciales, con las cuales pueden desarrollar de modo adecuado su trabajo.

Además, son claramente un elemento importantísimo para la conservación frente a otros competidores que, sobrepasando lo lícito, puedan valerse de estas listas para ofrecer su actividad a quienes, precisamente por esas listas, pueden llegar a saber la identidad y datos personales de futuros clientes.
Siendo obvio que la gran mayoría de las empresas tienen unos conocimientos derivados de esas listas que guardan celosamente en sus ordenadores que quieren mantener al margen del conocimiento de otras de la competencia.

Y, ¿qué pasa con la clientela o el listado de proveedores y clientes? El Tribunal Supremo considera que forma parte del Secreto de Empresa tanto la clientela como el listado de proveedores y clientes. Resaltamos el antagonismo entre la Sala de lo Civil y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, puesto que la Sala de lo Civil es constante y unánime al apuntar que el listado o la relación de la clientela no es un secreto empresarial, mientras que la Sala de lo Penal sostiene una postura opuesta a la de la Sala de lo Civil del mismo Tribunal y afirma que la lista de clientes forma parte del secreto de empresa. Por lo cual, el apoderamiento de esas listas o su utilización sobrepasando lo lícito, puede suponer la comisión de un ilícito previsto y penado en nuestro Código Penal.

Dicho esto, cabe subrayar que la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 18 de junio 2012, matiza que en el caso de un empleado con cargo de “comercial” que presentó su baja voluntaria y posteriormente se dio de alta como autónomo, la captación y el apoderamiento de la lista de clientes de su anterior empleador no se podía considerar como delito, debido a que esta acción la encuadraba como captación lícita dentro de la libre competencia.
¿Es necesaria la imposición legal o contractual de guardar el Secreto de Empresa? La respuesta es NO, la de la Audiencia Provincial de Valencia de 7 de enero de 2014 señala que esa obligación no tiene que venir impuesta por una específica cláusula contractual o por una norma legal específica, bastando con la obligación legal de reserva que impone el Estatuto de los Trabajadores.

¿Cuál es el alcance de los delitos tipificados en los artículos 278 y 279 del C.P? El artículo 278 del Código Penal sanciona un tipo de delito constituido por los elementos siguientes: (1) la acción delictiva consiste alternativamente, en el apoderamiento por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos; o el empleo de algunos de los medios o instrumentos del apartado 1 del art. 197 del C.P., (2) tal acción delictiva ha de tener por finalidad descubrir un secreto, esto es, algo que conocen una o varias personas que tiene o tienen interés en que no lo conozcan los demás, particularmente los que se dedican a la misma clase de actividad y, (3) ha de tratarse de un secreto de empresa, concepto más amplio que el de secreto industrial al que se refería el art. 499 del anterior CP , ya que abarca no solo los relativos a la técnica de los procedimientos de producción, sino también los relativos al comercio u organización del negocio de que se trate.

¿Cuál es la diferencia entre el “Secreto de Empresa” y el “Secreto Industrial”? La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2008, expone que el delito recogido en el artículo 279 del C.P queda integrado por tres elementos: (1) Tiene por objeto también el llamado secreto de empresa, concepto más amplio que el de secreto industrial al que se refería el artículo 499 de la anterior CP (RCL 1973, 2255) , ya que abarca no solo los relativos a la técnica de los procedimientos de producción, sino también los relativos al comercio u organización del negocio de que se trate, (2) el medio comisivo consiste en la difusión, revelación o cesión de tal secreto y (3) el sujeto activo ha de ser quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, esto es, de mantener el secreto que él precisamente conoce porque su relación concreta con la empresa así lo exige. Se trata no de un delito común, como el del 278, sino de un delito especial propio. Ahora con mayor amplitud que el referido art. 499 CP anterior, precedente de este art. 279, que limitaba los autores de este delito al encargado, empleado u obrero quienes por su dependencia laboral estaban obligados a guardar el secreto. Ahora también pueden cometerlo los socios o administradores.

Por su interés lo he reproducido íntegramente desde http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/secreto-de-empresa-vs-secreto-industrial-los-cuatro-puntos-cardinales-del-delito-de-revelacion-de-secretos

La falta de contundencia en la aplicación del Código penal y nuestro sistema judicial carente de medios

Un cóctel explosivo. Cuando juntamos un sistema judicial que carece de medios y es lento y una punibilidad que se aleja de lo esperable en determinados delitos ocurre que hay una apariencia de que delinquir sale “barato”.

Si a este cóctel le añadimos la absoluta incapacidad para recuperar bienes sustraídos porque la cooperación internacional o es lenta o no llega, resulta que los delitos económicos concluyen con muchos perjudicados, condenas irrisorias para el delincuente y un montón de millones dando vueltas por paraísos fiscales a lo largo del mundo.

Esto, queridos lectores, es sensación de impunidad. Y la sensación de impunidad en una sociedad moderna es muy peligrosa porque puede tener muchas derivadas: Aumento de los delitos, corrupción y en general deterioro y destrucción del tejido social y pérdida de confianza en las instituciones.

Ello a su vez puede llevar a que la gente tome la iniciativa de la autotutela, esto es, tomarse la justicia por su mano y arreglar las cosas por su cuenta.

Todo lo anterior debe ser tenido en cuenta por nuestros gobernantes pues no se pueden ignorar las claras señales de alerta que se están produciendo especialmente en los grandes casos de corrupción en los que se llevan adelante enormes causas con cientos de investigados para finalmente concluir con sentencias que, jurídicamente son correctas pero socialmente son injustas.

La culpa NO es de los jueces, pues ellos aplican el ordenamiento jurídico conforme está aprobado por el poder legislativo. La culpa, efectivamente, es del legislador que carece de la independencia necesaria para realizar una norma (Código Penal) y un procedimiento (LECrim.) que sea ágil, verdaderamente punitivo y contundente con el delincuente.

Cuando se realice una verdadera reforma en profundidad, podremos entonces hablar de si es necesario o no modificar el régimen penitenciario, la forma de cumplir las penas y de los beneficios penitenciarios a los condenados por determinados delitos.

El valor de la confesión del investigado “arrepentido”

Muchos días vemos en diferentes medios de comunicación que tal o cual persona se ha ofrecido a “colaborar” con la investigación a cambio de una mejora en su situación, normalmente relacionada con una pena inferior a la que inicialmente se le solicitaba al acusado o incluso con inmunidad (en caso de otras jurisdicciones, pero no así en la Española).

Esta práctica, habitual, tiene sentido cuando se trata de confesiones de los “arrepentidos” que previamente asesorados han decidido reconocer la culpa a cambio de una rebaja sustancial en la condena.

Debemos valorar con cuidado esas confesiones cuando se trata de causas complejas o causas en las que hay una pluralidad de acusados. Esas confesiones tienen que ponerse en relación con el resto de indicios o de pruebas que obren en la causa para determinar su verosimilitud pues de lo contrario nos encontraríamos con investigaciones dirigidas a acusar a determinadas personas porque otros acusados han decidido apuntar en esa dirección.

Tanto en España como en otros órdenes jurisdiccionales Internacionales en los que existe una seguridad jurídica relativa existen mecanismos de control de esas confesiones que permiten garantizar al resto de acusados sus derechos de defensa.

Sin embargo en otros órdenes jurisdiccionales Internacionales en los que no hay tanta seguridad jurídica hemos podido comprobar casos en los que valiéndose de la confesión del arrepentido se ha montado una compleja investigación que finalmente ha terminado en nada, pero que durante su vigencia afecta gravemente a la reputación personal y profesional del investigado.

En las causas complejas en España la figura del arrepentido suele aparecer en la fase de instrucción, mientras se están llevando a cabo las investigaciones y por tanto existe un verdadero control sobre la veracidad de la confesión pues permite al Juez Instructor y al Ministerio Fiscal avanzar en determinadas diligencias tendentes a comprobar la realidad de los hechos confesados y obtener pruebas que sirvan para apoyar la confesión una vez se ratifique en el acto del Juicio.

Numerosas corrientes doctrinales son las que consideran que esas confesiones merman las garantías del coimputado que se ve afectado por la declaración y recomiendan por tanto que las declaraciones de los coimputados deben ser consideradas de dudosa fiabilidad exigiendo así un plus probatorio para poder enervar la presunción de inocencia, lo cuál es coherente con nuestro garantista sistema de protección del imputado.

En suma si la confesión del arrepentido es coherente, se ratifica en Juicio y es reforzada con material probatorio obtenido durante la instrucción podrá utilizarse para enervar la presunción de inocencia. De lo contrario esa confesión del arrepentido se quedará en una mera autoinculpación de aquél que confiesa, pero no desplegará sus efectos sobre el resto de coimputados.

Aprobada la “segunda instancia penal” para recurrir sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional en primera instancia

El próximo día 1 de junio entrará en vigor el Real Decreto 229/2017 de 10 de marzo que contempla la creación de nuevas plazas de Magistrado en la Audiencia Nacional y en determinados Tribunales Superiores de Justicia con el fin de que puedan actuar como segunda instancia respecto de resoluciones dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional.

Como de sobra sabemos, la segunda instancia penal ya existe para resoluciones dictadas por Juzgados de Instrucción y Jueces de lo Penal (recurribles ante la Audiencia Provincial). Sin embargo lo que este Real Decreto introduce es el derecho a recurrir sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial y por la Audiencia Nacional.

A mi juicio esta novedad reforzará el derecho de defensa de los ciudadanos al permitir la revisión de estos casos. Por contra, considero insuficiente el número de plazas proveídas para el refuerzo (un total de 16), lo que provocará nuevamente atasco en nuestros Tribunales. También se crearán nuevas plazas de Letrados de la Administración de Justicia, lo que es alentador para los aspirantes a estas plazas.

Lo más llamativo de esta reforma es que la vía ordinaria de recurso culmina en cada Comunidad Autónoma, ya que con la reforma entrarán en vigor plazas en la propia Audiencia Nacional y en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Ceuta y Melilla.

Además con la reforma se devuelve al Tribunal Supremo su función de supervisor de la unidad y la seguridad jurídica, mejorando así su carga de trabajo.

Lo más importante es seguir trabajando en líneas que refuercen los derechos de los ciudadanos y mejoren el funcionamiento de la Justicia y en especial los tiempos para resolver los asuntos.

Declarado inconstitucional el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal) en casos de venta de vivienda con pérdidas

Recientemente el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional dos artículos de la Normativa Foral de Guipúzcoa relativos a la regulación de la base imponible de este impuesto al entender que la regla de valoración legal para el cálculo de la base no puede ser corregida cuando se produce una minusvalía (pérdida), lo que resulta contrario al principio constitucional de capacidad económica.

La normativa Foral de Guipúzcoa es idéntica a la normativa Estatal y están pendientes aún de resolverse otras dos cuestiones de constitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria y Madrid.

Esta declaración no es más que la confirmación de una reivindicación de los propietarios desde que llegó la crisis económica y con ello la pérdida de valor de las viviendas y la venta de éstas.

La cuestión radica en tres cuestiones:

i) Si la redacción actual de los artículos 104, 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales es compatible con el principio de capacidad económica

ii) Si la regla de valoración legal permite o no una prueba en contrario que permita acreditar y probar que se ha producido una minusvalía del inmueble

iii) Qué ocurre cuando existe una falta de proporcionalidad entre la plusvalía real generada a favor del contribuyente como consecuencia de la transmisión y el incremento al que se ha sometido el valor catastral del suelo como valor de referencia.

Este impuesto se calcula conforme al valor catastral del suelo que es calculado por los propios municipios atendiendo al valor real o de mercado. Pero se da la circunstancia de que el valor catastral del suelo se ha incrementado pese a que los precios de los inmuebles han caído en picado desde el inicio de la crisis.

El Tribunal Constitucional entiende que la fórmula legalmente prevista infringe el principio de capacidad económica pues no habiendo incremento real del valor no puede apreciarse el hecho imponible objeto de gravamen pudiendo entonces considerarse el cobro confiscatorio.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes que hayan pagado este impuesto?

Si no han transcurrido cuatro años (plazo general de prescripción) contados desde la fecha de liquidación podrán presentar reclamación de devolución de ingresos indebidos mediante escrito presentado en Registro de la Administración y deberán acreditar que por la transmisión que dio lugar al impuesto no se obtuvo ninguna ganancia patrimonial o se produjeron pérdidas (precio de compra vs precio de venta)

Ahora esperaremos al pronunciamiento del Tribunal sobre las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Vitoria y Madrid pero su resultado, seguramente, será similar al que ahora conocemos.