La sensación de indefensión ante la sustracción internacional de menores

Hoy hablamos del supuesto en que uno de los progenitores decide marcharse con el menor hacia un país no comunitario. Una situación realmente dura y traumática para el progenitor que es privado de disfrutar de sus hijos.

En estos casos la sensación de impunidad con la que actúa la persona que se lleva al menor es muy elevada y al mismo tiempo la sensación de impotencia e indefensión de la persona cuyos derechos se cercenan es todavía mayor.

La vía penal está muy limitada y es prácticamente inoperante más allá de poder ordenar mediante oficios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la realización de gestiones tendentes a la averiguación del paradero del menor sustraído y/o emisión de órdenes de búsqueda en frontera y aduana por si ocurriera (poco o nada probable) que la parte sustractora decidiera regresar a España.

En vía extrajudicial existe la posibilidad de activar el protocolo de solicitud de devolución de menores sustraídos que se tramita ante el Ministerio de Justicia de España. Esta entidad actúa como Autoridad Central requirente contactando directamente con la Autoridad Central del país en el que se encuentra el menor sustraído. Esta vía únicamente es viable si ambos países (origen y destino) están acogidos al Convenio de La Haya de 25 de Octubre de 1980 en esta materia y es un procedimiento que se demora por 6 semanas en España y al menos otras 6 semanas en el país de destino, dónde la respuesta que puede esperarse genera un inmenso mar de dudas.

Cualquier otra vía (como por ejemplo una negociación) es absolutamente inoperante pues el progenitor que sustrae al menor es plenamente consciente de que su regreso supondría el fin de su periplo y ello sin perjuicio de enfrentarse a la posibilidad de acabar solicitando dinero u otros bienes a cambio de devolver al menor.

Con toda esa rabia e impotencia el progenitor privado de sus derechos tiene que poner en marcha un traumático procedimiento de divorcio contencioso con la esperanza de que pueda tramitarse relativamente rápido si tenemos en cuenta los efectos de la notificación a la parte demandada (que obviamente no se encuentra en España) y solicitar una medida cautelar de guarda y custodia del menor con escasas probabilidades de éxito habida cuenta que el menor no se encuentra en España.

Entre tanto el progenitor privado de sus derechos mantiene la esperanza de recuperar al menor porque habla con él o con ella (gracias a las nueva tecnologías) únicamente para asegurarse de que se encuentra bien y de que no se olviden de ellos.

Duro trago al que llaman “sustracción” de menores pero que es perfectamente equiparable a un secuestro.

En 2016 el Ministerio de Justicia tramitó un total de 206 expedientes de sustracción de menores y no es un tema menor porque el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya declaró que el Gobierno no puede dar la espalda a estos temas, que deben revisarse las políticas de prevención y sobre todo las de concienciación a los progenitores.

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