Cuestiones tributarias relacionadas con la devolución de importes consecuencia de cláusulas “suelo”

El Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo ha introducido una nueva disposición adicional cuadragésimo quinta en la Ley 35/2006 del IRPF con el fin de tratar las cuestiones tributarias relativas a ingresos procedentes de devolución de las cláusulas de limitación de tipo de interés (cláusula suelo).

La agencia tributaria ha dejado claro que no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios reconocidos por aplicación de cláusulas suelo.

Sin embargo ha establecido determinados criterios de regularización para aquellas personas que se aplicaron deducciones por inversión en vivienda habitual.

Si la devolución nos la hace el banco en metálico perderemos el derecho a la deducción por adquisición de vivienda habitual en proporción a lo devuelto y por tanto deberemos incluir los importes deducidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del IRPF, pero sin inclusión de intereses de demora.

Por el contrario la Agencia Tributaria entiende que no será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que  se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado,  a minorar el principal del préstamo.

Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes.

Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

En función de si hemos aplicado deducción de vivienda, o deducciones autonómicas, o deducción de gastos (autónomos) y del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían.

En concreto nos podemos encontrar con los siguientes supuestos:

  1. El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas:
      1. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.En el caso que entre las  cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.
      2. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año  2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio.
  2. El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:
    1. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses  abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración.
    2. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

Por último, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

La Agencia Tributaria ha publicado en su página web una nota informativa con el fin de que todos los contribuyentes puedan regularizar su situación y así evitar sanciones tributarias.

 

La sensación de indefensión ante la sustracción internacional de menores

Hoy hablamos del supuesto en que uno de los progenitores decide marcharse con el menor hacia un país no comunitario. Una situación realmente dura y traumática para el progenitor que es privado de disfrutar de sus hijos.

En estos casos la sensación de impunidad con la que actúa la persona que se lleva al menor es muy elevada y al mismo tiempo la sensación de impotencia e indefensión de la persona cuyos derechos se cercenan es todavía mayor.

La vía penal está muy limitada y es prácticamente inoperante más allá de poder ordenar mediante oficios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la realización de gestiones tendentes a la averiguación del paradero del menor sustraído y/o emisión de órdenes de búsqueda en frontera y aduana por si ocurriera (poco o nada probable) que la parte sustractora decidiera regresar a España.

En vía extrajudicial existe la posibilidad de activar el protocolo de solicitud de devolución de menores sustraídos que se tramita ante el Ministerio de Justicia de España. Esta entidad actúa como Autoridad Central requirente contactando directamente con la Autoridad Central del país en el que se encuentra el menor sustraído. Esta vía únicamente es viable si ambos países (origen y destino) están acogidos al Convenio de La Haya de 25 de Octubre de 1980 en esta materia y es un procedimiento que se demora por 6 semanas en España y al menos otras 6 semanas en el país de destino, dónde la respuesta que puede esperarse genera un inmenso mar de dudas.

Cualquier otra vía (como por ejemplo una negociación) es absolutamente inoperante pues el progenitor que sustrae al menor es plenamente consciente de que su regreso supondría el fin de su periplo y ello sin perjuicio de enfrentarse a la posibilidad de acabar solicitando dinero u otros bienes a cambio de devolver al menor.

Con toda esa rabia e impotencia el progenitor privado de sus derechos tiene que poner en marcha un traumático procedimiento de divorcio contencioso con la esperanza de que pueda tramitarse relativamente rápido si tenemos en cuenta los efectos de la notificación a la parte demandada (que obviamente no se encuentra en España) y solicitar una medida cautelar de guarda y custodia del menor con escasas probabilidades de éxito habida cuenta que el menor no se encuentra en España.

Entre tanto el progenitor privado de sus derechos mantiene la esperanza de recuperar al menor porque habla con él o con ella (gracias a las nueva tecnologías) únicamente para asegurarse de que se encuentra bien y de que no se olviden de ellos.

Duro trago al que llaman “sustracción” de menores pero que es perfectamente equiparable a un secuestro.

En 2016 el Ministerio de Justicia tramitó un total de 206 expedientes de sustracción de menores y no es un tema menor porque el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya declaró que el Gobierno no puede dar la espalda a estos temas, que deben revisarse las políticas de prevención y sobre todo las de concienciación a los progenitores.

Ampliación del permiso de paternidad a partir del 1 de enero de 2017

Desde el pasado día 1 de enero de 2017 está en vigor el nuevo régimen jurídico del descanso retribuido por paternidad para empleados por cuenta ajena.

Hasta ahora el permiso de paternidad era de 15 días mientras que desde el 1 de enero de 2017 el permiso será de 28 días naturales (26 por Ley más 2 por Estatuto de los Trabajadores).

Este nuevo régimen es aplicable únicamente a los padres cuyos hijos sean nacidos a partid del día 1 de enero de 2017 y no tiene efectos retroactivos.

La prestación seguirá siendo remunerada como hasta ahora por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y no puede ser cedido a la madre.

La prestación seguirá siendo del 100% calculada sobre la base reguladora para Incapacidad Temporal por contingencias comunes y puede solicitarse en papel en cualquier oficina del INSS o de forma telemática.