La presión mediática en los Juzgados

Recientemente se ha publicado la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, que acuerda absolver a los funcionarios de policía acusados de favorecer la trama denominada “Emperador”, de la que actualmente continúa investigándose la pieza principal.

Me llama la atención ver cómo ya en su día (7 de agosto de 2015) el Juez Instructor dictó Auto acordando el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones al no encontrar indicios de delito en la actuaciones de los funcionarios acusados.

Sorprendentemente la sección 3ª de la Sala de lo Penal revocaba ese auto de sobreseimiento al estimar el recurso que formuló la Fiscalía Anticorrupción y acordaba la continuación del procedimiento para, tras la celebración del correspondiente juicio, acabar dictando sentencia absolviendo a tales funcionarios.

Y digo sorprendentemente porque todavía ninguno de los abogados de la causa entienden cómo es posible que se haya llevado a juicio un asunto con tan escasa prueba incriminatoria.

La conclusión a la que llegan todos es que la presión mediática, entre otras, provocó un juicio paralelo que necesariamente obligaba a los Jueces y Tribunales a llevar a los funcionarios a la llamada pena de banquillo.

Tras el dictado de la Sentencia absolutoria puede apreciarse que la Sala ha llegado a la misma conclusión a la que llegó el Instructor, pero el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación hasta el dictado de la Sentencia es un calvario por el que han pasado los funcionarios que han visto perjudicada su reputación personal y profesional.

Con la modificación de la terminología (imputado por investigado) no se consigue solventar esa situación pues cualquier persona que es investigada por un juzgado se arriesga al escarnio público y social que los medios llevan a cabo vulnerando en todo momento la presunción de inocencia que debe regir en todo investigado.

No olvidemos que los sumarios son reservados para las partes que intervienen en el proceso con independencia de que las actuaciones no se encuentren declaradas secretas, pero esto se infringe a diario y se “normaliza” el hecho de ver en los medios de comunicación tomos del sumario, grabaciones, vídeos de seguimientos, etc. con auténtica infracción de la intimidad de los investigados, que ven impotentes cómo aflora toda su vida ante la opinión pública a pesar de poder acabar siendo absueltos.

Los abogados debemos ser cuidadosos con el respeto de la intimidad de los investigados y los Jueces y Tribunales deben actuar con contundencia cuando se encuentran este tipo de situaciones, que infringen claramente los derechos personales de los investigados.

Porque ahora que los funcionarios tienen sentencia absolutoria… ¿Quién les resarce el escarnio público al que han sido sometidos?

 

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